El leasing social se postula como la herramienta más adecuada para combatir la vulnerabilidad en el transporte en España, sobre todo en zonas rurales donde el acceso al transporte público colectivo es limitado. Esta es la principal conclusión que se deriva de un nuevo estudio publicado por T&E en colaboración con el Basque Centre for Climate Change (BC3). Según los resultados del estudio, tanto el gasto medio en carburante como la antigüedad del parque vehicular es más acusado en estas zonas del país en donde la dependencia del vehículo privado es más pronunciada.
El informe analiza datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de (EPF) y de la Encuesta de Características Esenciales la Población y las viviendas (ECEPOV) de 2021 por el INE, la cual contempla información sobre el gasto en consumo de cerca de 24,000 hogares representativos de la sociedad española. A través de estas fuentes se ha podido conocer la situación sobre la tenencia de vehículos por hogar, el gasto en combustible, el coste de mantenimiento de los vehículos y el uso del transporte público, todo ello según el decil de renta del hogar.
En este sentido, la aplicación de un sistema de leasing social en España podría permitir a los hogares con rentas bajas acceder a un vehículo eléctrico por 90 euros al mes y 70.000 unidades al año, lo que justificaría la necesidad de incorporar este sistema como una medida clave a contemplar en el Plan Social para el Clima cuya redacción debe ser presentada a la Comisión por los Estados miembros en junio de este año.
Una de las principales conclusiones del estudio es que el porcentaje del gasto destinado a carburantes es más alto en los deciles de ingresos bajos y medios, implicando que, en estos hogares, el gasto en combustible representa una mayor carga sobre el gasto total del hogar. Atendiendo a la distribución geográfica del gasto en carburante, este porcentaje resulta también mayor en las zonas rurales y semiurbanas en comparación con las urbanas, debido a su vez a la dificultad de acceso al transporte público.
Los conductores de ingresos bajos y medios se verán más afectados por el probable aumento del precio del combustible vinculado a la integración del transporte por carretera en el Régimen Europeo de Comercio de Emisiones (EU-ETS2). A lo largo de todo el periodo 2026-2032 para el que se ha acordado el ETS2, el Fondo ascenderá a un total de 86.700 millones de euros, correspondiendo a España un 10,52%, lo que equivale a una dotación de 6.838 millones.
Por ello, con el objetivo de garantizar una transición justa en el ámbito del transporte, la Comisión Europea recomienda encarecidamente invertir los fondos recaudados por el ETS2 en medidas sociales que aboguen por el cuidado y la conservación del medio ambiente destinadas a promover un transporte justo y sostenible, como es el Leasing Social.
Otra de las claves del informe es el análisis realizado de los datos de matriculación según la DGT en 2023. Resulta destacable que la flota de vehículos es más antigua en los entornos rurales para todos los tipos de vehículos (motocicletas, automóviles de pasajeros, furgonetas y camiones).
Laura Vélez de Mendizabal, experta en electromovilidad en T&E España ha dicho: “El 65 % de las furgonetas en zonas rurales supera los 15 años de antigüedad, y casi la mitad lleva más de 25 años en circulación. Ante esta realidad, es urgente poner en marcha medidas que impulsen la renovación del parque móvil, especialmente para los usuarios y empresas más vulnerables, que dependen del vehículo no solo como medio de transporte, sino como herramienta esencial para garantizar derechos básicos como el acceso al empleo, la educación, la salud o el desempeño de actividades profesionales, como ocurre en el sector logístico”.
Atendiendo a la distribución geográfica del parque vehicular según el distintivo ambiental de la DGT, se observa que las zonas rurales tienen una menor adopción de tecnologías limpias en comparación con las no rurales. En el entorno rural la proporción de vehículos sin etiqueta medioambiental es del 34,4%, casi diez puntos superior a la de entornos no rurales, lo que sugiere una mayor presencia de vehículos antiguos y más contaminantes en estos entornos. Por el contrario, cabe destacar que los vehículos con etiquetado más eficiente de categoría ECO y 0 son más comunes en zonas no rurales.
Laura Vélez de Méndizabal ha añadido “El leasing social se presenta no solo como una medida para hacer más accesible el vehículo eléctrico, sino también como una herramienta para popularizar la imagen del vehículo eléctrico entre la población, impulsar la compra de modelos pequeños y asequibles y, además, contribuir a la adquisición de vehículos fabricados en la UE reforzando de esta forma la industria europea”.
Hay que destacar que España es el segundo fabricante europeo de vehículos comerciales ligeros, detrás de Francia, según datos de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos (OICA por sus siglas en francés).
Un programa de este tipo en España podría cubrir el 25% de los compradores y usuarios de vehículos nuevos privados que se encuentran entre los deciles 1-4 de ingresos más bajos si se despliega durante un período de 12 años.
