El Gobierno español planea alimentar una parte de su flota de camiones con biometano para 2030, según muestra un nuevo análisis del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del país (PNIEC). El uso de biometano para el transporte por carretera es problemático, ya que los residuos urbanos para su producción son insuficientes e inducen al uso de cultivos con riesgo de deforestación. En 2021 se vendieron en España hasta 600 camiones propulsados por gas y esta cifra aumentará aún más si el Gobierno los incluye en sus planes climáticos. En cambio, el Gobierno debería aspirar a electrificar todos los camiones, autobuses y autocares, ya que ofrece una alternativa mucho más prometedora para reducir las emisiones.
El plan de España de depender del gas natural licuado en los buques encerrará al país en una situación de activos varados, advierte T&E. Los puertos tendrán que construir infraestructuras dedicadas a este tipo de combustible, que no son compatibles con las de los futuros combustibles ecológicos para el transporte marítimo. Además, los buques de GNL emiten más dióxido de carbono que los de combustible convencional, por lo que España no debería contar con esta tecnología para descarbonizar el sector. En su lugar, deberían utilizarse en los buques combustibles verdes como el electroamoniaco y el electrometanol, ya que tienen una huella de carbono mucho menor.
Carlos Rico, policy officer de la oficina española de Transport & Environment (T&E), explica: “Los planes españoles para descarbonizar barcos y camiones se basan en el tipo de energía equivocado. En lugar del GNL y los biocombustibles, que son perjudiciales para el clima, el Gobierno debería acelerar la adopción de camiones eléctricos y combustibles ecológicos para los barcos. Hay consenso científico y normativo en que estas tecnologías son las vías más adecuadas para sanear estos sectores contaminantes.”
El análisis muestra que España se está quedando atrás en la adopción de coches eléctricos. Las políticas actuales de apoyo a su adopción no son suficientes para cumplir el plan del propio país de tener 5,5 millones de vehículos eléctricos en circulación en 2030, según el análisis. Sólo el 5% de los coches vendidos en el primer semestre de 2023 eran eléctricos, muy por debajo de la media europea del 13%. Las previsiones de T&E muestran que los vehículos eléctricos sólo representarán el 48% de las ventas en 2030, cuando deberían alcanzar el 80%.
Para cubrir este hueco, el grupo recomienda introducir un objetivo vinculante de cero emisiones para todos los vehículos de empresa nuevos de aquí a 2030, más incentivos fiscales para los VE y la introducción de un plan de leasing social para los VE. Según T&E, todas estas medidas ayudarían a impulsar la producción europea de coches eléctricos y darían acceso a estos vehículos a los hogares con menos ingresos.
“El Gobierno español debe acelerar su plan de electrificación del automóvil. Se está quedando atrás con respecto a sus vecinos europeos a una velocidad alarmante. Pero el camino a seguir tiene que ayudar y no perjudicar a los consumidores que quieran optar por la modalidad eléctrica. Mediante un sistema de leasing social, los vehículos eléctricos podrían costar tan sólo 90 euros al mes.”, concluye Rico.
En conjunto, el PNIEC permitirá reducir suficientemente las emisiones de aquí a 2030, e irá más allá de lo que exige la legislación de la UE. Gracias a las medidas propuestas por el Gobierno, España reducirá las emisiones del sector del transporte 32MtCO2eq en 2030. Los planes del país para eliminar progresivamente los biocarburantes de soja y palma son ambiciosos, pero deben plasmarse en una ley para garantizar que realmente se lleven a cabo. Un informe de T&E publicado hoy muestra que, actualmente, el país es responsable de una cuarta parte del consumo total de productos de palma de la UE. España confía peligrosamente en el aceite de cocina usado (UCO) para superar su adicción a la palma, a pesar de los numerosos casos de fraude en todo el continente. Para cumplir su objetivo de 2030, España debe acelerar la electrificación del sector de la carretera y dar prioridad al tipo adecuado de combustibles para el transporte marítimo y aéreo.
