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T&E pide a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales que escuchen a los ciudadanos y dejen de poner en duda la responsabilidad permanente de los gobiernos nacionales de cumplir conjuntamente el objetivo climático de la UE para 2030. De acuerdo con los resultados de nuestra encuesta, la Comisión debería proponer un aumento de los objetivos nacionales como parte del paquete «Fit for 55» que está previsto lanzar en junio. Pero en lugar de eso, la UE está debatiendo la continuidad del llamado Reglamento de Reparto del Esfuerzo, que establece objetivos climáticos nacionales vinculantes para cada Estado miembro y somete a regulación el 60% de las emisiones de la Unión europea. Actualmente, la legislación de la UE exige a España que consiga una reducción del 26% en sus emisiones en los sectores del transporte y residencial, entre otros sectores difusos, de aquí a 2030.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima español ya ha elevado el objetivo de reducción de estos sectores hasta el 39%, que equivale aproximadamente a la parte que le corresponde a España, dependiendo de cómo se reparta el objetivo comunitario de reducción del 55% entre los Estados miembros.
Según la encuesta de YouGov, el 79% de los españoles piensa que el Gobierno debería aumentar sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ahora que se ha fijado un objetivo climático de reducción de las emisiones en al menos un 55% para 2030 en el conjunto de la Unión Europea. Otro 15% considera que el objetivo nacional debería mantenerse en su nivel actual, mientras que sólo un 6% piensa que el gobierno debería hacer menos de lo que ya está haciendo. Por encargo de T&E, YouGov ha encuestado a un total de 13.324 adultos en 12 países de la Unión europea: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía.
Isabell Büschel, de T&E, ha declarado que: «Los objetivos nacionales vinculantes son un motor clave para la acción climática nacional, como por ejemplo la creación obligatoria de zonas de bajas emisiones que acaba de introducirse a través del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética español, y cuentan con un amplio apoyo de la ciudadanía española. La Comisión Europea debería tomar nota de esto y dejar claro que los objetivos nacionales están aquí para quedarse como uno de los principales pilares de la arquitectura climática de la UE. Para lograr una reducción suficiente de las emisiones del transporte, el objetivo del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética español debe ser revisado al alza en 2023, y debe complementarse con la futura Ley de Movilidad Sostenible».
Igualmente abrumador es el porcentaje de ciudadanos españoles, el 89%, que se declaran a favor de aumentar los esfuerzos climáticos en los sectores del transporte y residencial mediante la aplicación de nuevas medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo la venta mínima de vehículos eléctricos, tanto a nivel nacional como europeo. En cuanto a un nuevo instrumento de fijación de precios del carbono a nivel de la Unión Europea que encarezca los combustibles para el transporte y la calefacción para los consumidores españoles, el 58% de los encuestados se opone a dicho instrumento, mientras que el 42% estaría a favor [ii].
Según Mónica Vidal, de Ecodes: «Trasladar la responsabilidad de cumplir el objetivo europeo de los países al instrumento de fijación de precios de la Unión Europea es una estrategia que conlleva muchos riesgos y escasas recompensas. Si la Unión Europea decide seguir adelante con la tarificación del carbono para coches y camiones a pesar del escaso apoyo de la opinión pública en España y en otros lugares, se verá obligada a dar respuesta a los impactos sociales que esto genere, tanto a nivel nacional como entre los Estados miembros de la Unión Europea».
En opinión de Jérémie Fosse, de Eco-unión: «Los ciudadanos españoles exigen que se adopten políticas medioambientales ambiciosas para hacer frente a la emergencia climática. Tanto la Unión Europea como el Gobierno español deberían escuchar esta petición unánime para garantizar una recuperación verde, inclusiva y resiliente basada en objetivos climáticos exigentes capaces de activar e impulsar cambios sociales y nuevos hábitos en nuestra economía y sociedad».
La Comisión Europea debería aprovechar el aplastante apoyo público a la adopción de nuevas medidas climáticas para dar prioridad al impulso de un mayor nivel de exigencia en las medidas de alto impacto de la Unión europea, tales como las normas de CO2 para coches y furgonetas. Las políticas ambiciosas a nivel de la Unión europea también ayudan a los Estados miembros a alcanzar más fácilmente sus objetivos.
Notas
Todas las cifras, salvo que se indique lo contrario, son de YouGov Plc. El tamaño total de la muestra fue de 13.324 adultos. La encuesta telemática se llevó a cabo entre el 11 y el 20 de febrero de 2021 en 12 países: Rumanía, Países Bajos, Italia, Portugal, Dinamarca, Polonia, Francia, Alemania, Irlanda, Bélgica, Hungría y España. Las cifras se han ponderado en función del tamaño de la población mayor de 18 años de cada país para que sean representativas de este grupo de países en su conjunto. Los cálculos necesarios para filtrar las respuestas de los encuestados sin opinión los ha realizado Transport & Environment.
[i] La pregunta consiste en indicar en qué medida se apoya la siguiente afirmación: «Para reducir las emisiones y alcanzar los nuevos objetivos climáticos, los gobiernos nacionales aplicarán nuevas medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (por ejemplo, la zonificación del transporte por carretera, la renovación de edificios, etc.), en combinación con otras medidas a nivel de la Unión europea (por ejemplo, la venta mínima de vehículos eléctricos, etc.), que no implicarán un encarecimiento de los combustibles para el consumidor».
[ii] La pregunta consiste en indicar en qué medida se apoya la siguiente afirmación relativa a la adopción del instrumento: «Para reducir las emisiones y alcanzar los nuevos objetivos climáticos, la Comisión Europea creará un nuevo instrumento. Dicho instrumento encarecería los combustibles para el transporte (diésel y gasolina) y los combustibles para la calefacción (gas natural y fuelóleo) para los consumidores».
