No se puede alcanzar el objetivo de tener 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 sin reforma fiscal. Estas son las propuestas de medidas fiscales para el desarrollo de la movilidad eléctrica en España elaborada por T&E y ECODES.
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El desafío de lograr los objetivos climáticos internacionales y europeos obliga a los gobiernos a orientar la inversión hacia la neutralidad en carbono para 2050.
Aplicado al sector del automóvil, eso significa planificar la eliminación progresiva de los coches con motor a combustión según un calendario vinculante y acelerar la transición hacia vehículos de cero emisiones. Los vehículos de empresa, flotas comerciales y de transporte público son idóneos para la electrificación, con la fiscalidad como herramienta impulsora. Con 17 plantas de fabricación y más de 1000 proveedores, la industria española de la automoción se verá beneficiada por el impulso del Gobierno a la movilidad eléctrica.
Sin embargo, en el sistema fiscal español los costes del transporte no están correctamente internalizados porque no reflejan plenamente el daño medioambiental, social y económico de las emisiones de gases contaminantes producido por la quema de combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas vehicular). Es preciso que las externalidades negativas sean asumidas por quienes las causan y, para ello, la fiscalidad constituye el instrumento adecuado. Esto supone adaptar la fiscalidad de la automoción al principio de “quien contamina paga”.
Las principales propuestas de T&E y ECODES son:
Aproximadamente 6 de cada 10 coches vendidos en España están exentos del impuesto de matriculación a pesar de emitir hasta 120 gramos de CO₂ por km, debido a un impuesto de matriculación basado en tablas obsoletas. Se está permitiendo que vehículos que emiten hasta un 35% más de lo declarado disfruten de exenciones. Para orientar a los consumidores hacia la compra de vehículos de cero emisiones se propone rediseñar los tipos de gravamen para que sólo esté exonerada la compra de coches con cero emisiones.
No se entiende cómo es posible que los vehículos propulsados por combustibles fósiles (híbridos fuera de autonomía eléctrica y vehículos a gas) tengan una bonificación idéntica a la de vehículos cero emisiones. Se recomienda complementar el diseño del impuesto de circulación para hacerlo depender también de las emisiones con impacto más local.
Los gobiernos de toda Europa deberían seguir el ejemplo de los Países Bajos y del Reino Unido y reformar la fiscalidad de los coches de empresa para dirigir el mercado de forma más contundente hacia los turismos de cero emisiones, el carsharing eléctrico, y la electrificación del transporte ligero de mercancías dentro de las ciudades.
Es necesario (1) elaborar un Plan Nacional de puntos de recarga rápida y ultrarrápida (más de 100 kW) para la red de vías de calzadas separadas, simplificando el proceso administrativo para su instalación y puesta en marcha; (2) impulsar la instalación de puntos de carga en empresas, acompañando dicha medida de incentivos para su instalación y uso, y (3) crear hubs de carga en núcleo urbano, enfocados principalmente a los servicios de transporte de pasajeros, reparto urbano de mercancías, entrega de última milla, carsharing, etc, siempre cero emisiones.
El sistema de ayudas directas a la adquisición de vehículos cero emisiones y de baja emisión ha de implementarse dentro de un esquema de “bonus-malus” donde a los vehículos más contaminantes se aplique una penalización en el momento de su matriculación para internalizar los costes medioambientales, según su nivel de emisiones de CO₂, y para respetar el principio de “quien contamina paga”.
Es necesario mejorar el sistema de etiquetado ambiental, ya que permite la inclusión, dentro de las categorías 0 y ECO, de vehículos a gas y de SUV híbridos enchufables de gran cilindrada cuya utilización conlleva emisiones contaminantes elevadas, en muchos casos superiores a las de vehículos de menos tamaño que con los actuales criterios reciben etiquetas C o B.
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