El proceso de la descarbonización del transporte en España tuvo un buen arranque en 2021, pues los cuantiosos fondos europeos supusieron una gran oportunidad para invertir en el futuro de la movilidad sostenible en el país.
Además, a lo largo del año, se ha aprobado la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética, lo que supone un gran paso para la promoción de la movilidad de cero emisiones y para dejar atrás los combustibles no sostenibles.
Desde Transport & Environment, también valoran la obligación para las ciudades de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares de establecer zonas de cero emisiones, y el adelante de su implementación al año 2023.
Posiblemente, el momento más importante llegó en julio, cuando la Comisión Europea propuso unos ambiciosos límites de emisiones de CO2 para los nuevos turismos, obligando a los fabricantes a producir más vehículos de cero emisiones.
Con la propuesta ya en fase legislativa en el marco de la Unión Europea, se ha puesto en duda la intención de los Estados Miembros de reducir las emisiones del transporte por carretera. Para el Gobierno de España, es momento de ajustar cuentas. ¿Apoyarán el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, los planes de la UE?
Haciéndose eco de las peticiones de Transport & Environment y la Comisión Europea, la ONU ha invitado a los principales países productores a eliminar gradualmente la producción de vehículos con motor de combustión interna de cara a 2035.
El nivel de ambición de España en cuanto a los objetivos de emisiones de CO2 dependerá de si los fabricantes de vehículos eléctricos eligen a las plantas españolas.
Una señal preocupante ha sido la negativa de España a firmar la declaración de Naciones Unidas promovida por Reino Unido para una transición total hacia los vehículos de cero emisiones. España es el segundo país fabricante en Europa, pero sus capacidades de producción se encuentran principalmente centradas en motores de combustión.
Esto hace que la transformación sea un proceso más desafiante, pero también más necesario. Un punto positivo en este sentido es la decisión de destinar el 10% de los 140.000 millones de los fondos de recuperación a la electromovilidad.
El nivel de ambición de España en cuanto a los objetivos de emisiones de CO2 dependerá de si los fabricantes de vehículos eléctricos eligen a las plantas españolas. El Grupo Volkswagen planea construir en el país la tercera de las seis gigafactorías de baterías que planea y, de 2025 en adelante, producirá cinco nuevos vehículos eléctricos en Martorell y Navarra.
Sin embargo, se necesita una mayor voluntad. Luca de Meo, consejero delegado de Renault, ha instado al Gobierno español a vetar la prohibición de venta de los motores de combustión a partir de 2035 a nivel de la UE y ha advertido de que su apoyo a esta medida a partir de esta fecha podría tener un efecto negativo en la adjudicación de modelos a las fábricas de Valencia, Valladolid y Sevilla, que han sido seleccionadas este año para montar cinco modelos, dos cajas de cambios y un motor, lo que supone más de 12.000 millones de euros.
La hoja de ruta Renaulution es clara: mientras las plantas francesas se harán cargo de los modelos eléctricos puros, las españolas producirán cinco nuevos SUVs de tipo híbrido entre 2022 y 2024.
Mientras el sentimiento nacionalista impulse decisiones industriales estratégicas, la Unión Europea no logrará que su poderosa industria automotriz esté preparada para el futuro y cumpla con sus objetivos climáticos.
Lo que revela todo esto es que la falta de una política industrial a nivel europeo en el ámbito de la automoción está afectando negativamente a los objetivos de Europa de mantenerse como uno de los principales productores de vehículos a motor y el campeón mundial en términos climáticos.
Así, mientras el sentimiento nacionalista impulse decisiones industriales estratégicas, como demuestra por ejemplo el hecho de que Renault adjudique los modelos de cero emisiones exclusivamente a las fábricas nacionales, la Unión Europea no logrará que su poderosa industria automotriz esté preparada para el futuro y cumpla con sus objetivos climáticos.
La demanda a los jefes de Estado y al Parlamento Europeo debe ser para que se comprometan a que todos los coches producidos en el continente sean limpios, y a que al hacerlo, dejen de lado el pensamiento anacrónico del Estado nación, que está dañando tanto al clima como a la economía europea.
En general, el año ha sido bueno en términos de medio ambiente en España, pero es preciso apostar más por el europeísmo a lo largo de 2022.
