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La transformación hacia una economía baja en carbono se erige como una prioridad ineludible para la Unión Europea y sus Estados miembros, comprometidos con el Acuerdo de París para lograr emisiones netas de carbono cero para el año 2050. Este cambio requiere una revisión profunda de los sectores económicos, especialmente el transporte, que representa una proporción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa y ha experimentado un aumento constante desde 1990, a pesar de los esfuerzos en otros ámbitos para reducir dichas emisiones. Esta tendencia es insostenible y requiere un enfoque decidido y ambicioso para revertirla.
La buena noticia es que tenemos las herramientas y los medios para hacerlo. La electrificación del transporte terrestre surge como una solución clave para mitigar las emisiones, aprovechando la disponibilidad de tecnologías como los vehículos eléctricos, que ya están demostrando su capacidad para mejorar la calidad del aire y reducir las externalidades negativas asociadas con los combustibles fósiles. España, con su abundancia de recursos renovables, se posiciona estratégicamente para liderar esta transición y reducir su dependencia de las importaciones de energía.
De hecho, el cambio hacia un transporte más ecológico y eficiente no solo tiene beneficios ambientales, sino también económicos y sociales. Considerando que España cuenta con la mayor cantidad de horas de luz solar en comparación con otros Estados miembros de la UE, alberga uno de los depósitos de litio más grandes del continente y ocupa el tercer lugar en capacidad de generación de energía renovable en Europa, surge la pregunta: ¿Por qué continuar importando energías fósiles como el petróleo y el gas natural en un momento de crisis climática y creciente tensión geopolítica? ¿Tiene sentido, siendo ricos en energías limpias, seguir dependiendo de importaciones de combustibles fósiles (petróleo y gas natural) de países como Nigeria, Irak, Rusia, Argelia e incluso Estados Unidos, México y Brasil para transportar mercancías y personas de Huelva a Girona o de A Coruña a Murcia? La internalización de la cadena de suministro de baterías en Europa no sólo reduciría las emisiones de carbono, sino que también crearía empleos y estimularía la innovación en sectores clave de alta tecnología y sostenibilidad. Además, al acortar las cadenas de suministro y promover la producción local de baterías y sus componentes, se fortalecería la autonomía estratégica de Europa y se garantizaría el cumplimiento de estándares ambientales y sociales rigurosos.
Al optar por esta ruta hacia un futuro más sostenible, surge un debate sobre la ética y la responsabilidad moral. ¿Debemos priorizar el bienestar a largo plazo del planeta y sus habitantes, o seguir aferrados a modelos económicos que contribuyen al cambio climático y la degradación ambiental? Este dilema adquiere relevancia en el contexto de las elecciones europeas, donde los ciudadanos de todos los Estados miembros tenemos la oportunidad de influir en la dirección política y económica de la región. Como apasionada defensora de la integración europea debido a los inmensos beneficios que nos procura, tengo claro que acelerar la transición ecológica es sinónimo de bienestar mientras que dilatar esa transformación no hace nada más que disminuir nuestra resiliencia frente al calentamiento global, la aceleración de eventos climáticos extremos y variaciones en el abastecimiento de energías y materias primas. Obstaculizar y ralentizar la transición ecológica, como buscan ciertas empresas y gobiernos populistas de algunos Estados miembros, constituye una grave amenaza para el bienestar económico y social en Europa. Por el contrario, impulsar esta transición conlleva beneficios tanto para la salud pública como para la economía.
Establecer objetivos ambiciosos de electrificación para las empresas que poseen o alquilan grandes flotas de vehículos a través del leasing (o "renting") es crucial para avanzar hacia emisiones cero. Además, esto facilitará la democratización del vehículo eléctrico, ya que al finalizar el período de alquiler, estos vehículos alimentarán un incipiente mercado de vehículos de segunda mano. La implementación de incentivos fiscales dirigidos principalmente a empresas, y la introducción de un programa de leasing social dirigido a los grupos de población con ingresos más bajos se plantean como soluciones para que la transición hacia la movilidad eléctrica sea más accesible y equitativa para todos los sectores de la sociedad. Este programa podría formar parte del plan social por el clima, financiado parcialmente por fondos de la Unión Europea. La electrificación de las flotas corporativas y la adopción del leasing social ayudarán a incrementar la actualmente baja cuota de matriculaciones de vehículos eléctricos en España (5%), estimularán a los fabricantes a producir vehículos más asequibles y promoverán la generación de empleos de calidad y con proyección futura.
En resumen, la transición hacia una economía baja en carbono es un desafío que debe abordarse con urgencia, y la electrificación del transporte y la internalización de la cadena de suministro de baterías emergen como dos estrategias fundamentales para lograr este objetivo. Es crucial que tanto la Unión Europea como sus Estados miembros tomen medidas decisivas en este sentido, aprovechando oportunidades como el anteproyecto de ley español de industria y autonomía estratégica o la ley de movilidad sostenible, para marcar el rumbo hacia un futuro más limpio y sostenible. Tras las próximas elecciones, los eurodiputados llevarán a cabo las políticas elegidas por sus votantes. Todos estos aspectos deben ser considerados al depositar nuestra papeleta en la urna.
Esta tribuna fue publicada originalmente en el diario El País el 23 de mayo de 2024.
