El Gobierno debe elaborar una normativa armonizada y eficaz que ponga fin a las trabas administrativas que están lastrando el despliegue de los puntos de recarga Las organizaciones Transport&Environment (T&E) y ECODES reclaman al Gobierno que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia comprometa una inversión suficiente para permitir sacar a España del furgón de cola europeo en lo que a cobertura de puntos de recarga eléctrica se refiere.
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España necesita realizar un amplio despliegue de la infraestructura de recarga eléctrica para poder cumplir el objetivo de alcanzar la cifra de 5 millones de vehículos eléctricos para 2030 que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Para conseguir ese objetivo resulta imprescindible disponer de una red potente, eficaz y bien distribuida de puntos de carga, tanto en entornos privados como públicos, donde esos vehículos puedan recargar sus baterías.
“España va a la zaga de gran parte de Europa en cuanto a vehículos eléctricos y puntos de recarga, pero el objetivo del Plan Nacional de Energía y Clima es totalmente alcanzable con la voluntad política necesaria. Con apoyo político para los vehículos eléctricos y la infraestructura de carga, España puede beneficiarse del empleo creado en la fabricación de estos automóviles y en el suministro y operación de la red de recarga, así como de un aire más limpio y menores emisiones de carbono”, declaró Carlos Bravo, portavoz de T&E.
El transporte es el principal sector emisor de gases de efecto invernadero en España, con un 29% del total de las emisiones en términos de CO2 equivalente, según los datos oficiales para 2019 del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Dentro del sector transporte, el realizado por carretera es el que más contribuye a estas emisiones siendo responsable, por sí solo, del 26,8% del total.
En un reciente estudio realizado por la consultora Everis para T&E y ECODES, se analizan las principales medidas necesarias para impulsar la electrificación del transporte en la próxima década a nivel nacional, haciendo hincapié en la implantación de una infraestructura de recarga tanto pública como privada que contribuya al cumplimiento del objetivo del PNIEC para 2030.
En cuanto al número de puntos de recarga que serían necesarios en el ámbito privado en el 2030 para cumplir los objetivos del PNIEC, el resultado del estudio es que la cifra sería de algo más de 3 millones de puntos de recarga vinculada (3.003.233).
Se han analizados dos escenarios diferentes para evaluar el número necesario de puntos de recarga públicos en 2030. En el escenario 1 se contempla la necesidad de disponer de una infraestructura de al menos 289.130 puntos de recarga públicos, mientras que en el escenario 2 la cifra sería de 222.901 puntos. (Ver gráfica)
La inversión total necesaria para el despliegue de la infraestructura de recarga estimada en este estudio sería de entre 12.200 millones de euros (M€) (escenario 1) y 13.200 M€ (escenario 2). Aunque este último escenario contempla un menor número de puntos de recarga que el escenario 1, su importe económico total es más elevado dado que incluye un porcentaje mayor de puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos.
A modo de comparación, España gastó 43.777,3 M€ en 2019 en importar combustibles fósiles (petróleo y derivados, gas y carbón). De esa cantidad, 35.250,2 M€ correspondieron a petróleo y derivados y 7.532,6 al gas.
La aportación del sector público para ayudar a este despliegue supondría entre el 23% y el 24% de la inversión total necesaria en el caso de la infraestructura pública, y un 11% de la inversión total requerida para la infraestructura privada.
“Aunque se trata de un reto importante, el objetivo del PNIEC es plenamente realizable si las Administraciones Públicas actúan como catalizadores para estimular el esfuerzo inversor del sector privado en este ámbito”, declaró Mónica Vidal, directora de Políticas Públicas y Gobernanza Climática de ECODES.
En lo concerniente a los puntos de recarga en entornos públicos, resulta extremadamente importante crear un entorno administrativo predecible, fiable y homogéneo para facilitar la tarea a los promotores privados, eliminando la burocracia innecesaria e ineficaz.
En efecto, actualmente, el despliegue de infraestructura de recarga en España se está viendo lastrado por las trabas administrativas que se generan a causa de la heterogeneidad en los procesos administrativos entre los diferentes agentes y territorios. Por ese motivo, T&E y ECODES reclaman al Gobierno una normativa armonizada y eficaz que ponga fin a las trabas administrativas que están lastrando el despliegue de infraestructura de recarga eléctrica en España.
Nota para los editores:
[1] Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Secretaría de Estado de Comercio. Comercio exterior de mercancías. Desglose por sectores económicos, Periodo 1995-2019, Datos definitivos.
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