Semana a semana se van acumulando las pruebas que demuestran el cambio imparable desde el vehículo con motor de combustión interna al impulsado por baterías eléctricas.
Además es un cambio esencial. La crisis climática es una emergencia de derechos humanos sin precedentes. El abandono de los combustibles fósiles y la subsecuente transición son muy bienvenidos, e innegociables.
No obstante, este cambio plantea un dilema para organizaciones como la nuestra, cuya misión es proteger los derechos humanos y el medioambiente.
En efecto, si se lleva a cabo de forma irresponsable, el cambio conllevará riesgos, debido sobre todo al aumento de la demanda de los metales y minerales necesarios para la fabricación de baterías, fundamentales por tanto para la transición energética.
A fin de satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos, necesitaremos cada vez más litio, níquel y cobre, entre otros metales. Si las cosas se hacen bien, el sector podrá aportar empleos y fomentar el crecimiento en las regiones ricas en recursos, demostrando a la vez que es posible aplicar un modelo de transición justo para las personas trabajadoras.
Sin embargo, hemos sido testigos de cómo dentro del sector las prácticas extractivas han estado deficientemente reguladas (petróleo, diamantes, etc.), lo que ha tenido un efecto muy nocivo para los derechos humanos y el medioambiente.
Estas prácticas perjudiciales afectan especialmente a personas y comunidades que ya sufren la marginación impuesta por la pobreza y la discriminación, y que, además, son mucho más vulnerables que otros colectivos a los efectos del cambio climático, a pesar de que sus países contribuyen en mucha menor medida a este fenómeno.
Sin normas jurídicas vinculantes sobre la transparencia de las cadenas de suministro y valor, las empresas de transformación han preferido en muchas ocasiones hacer la vista gorda ante las condiciones en que son extraídas las materias primas de que se abastecen, perpetuando así el daño a las personas y al planeta.
Asimismo, a medida que se divulguen estos riesgos y efectos nocivos, los propagandistas de los combustibles fósiles podrán sacar tajada y se producirán reacciones contra la transición energética. No podemos permitir que esto ocurra.
A fin de satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos, necesitaremos cada vez más litio, níquel y cobre, entre otros metales. Si las cosas se hacen bien, el sector podrá aportar empleos y fomentar el crecimiento en las regiones ricas en recursos.
Así pues, ¿cómo equilibrar la urgente necesidad de abandonar los combustibles fósiles y la contaminante industria petrolera, que ha devastado regiones como el delta del Níger, con que la urgencia por encontrar los metales necesarios no vaya en detrimento de los derechos humanos y el medioambiente?
Quizá debamos buscar la respuesta en lo ocurrido en el mercado de los vehículos: necesitamos legislar para garantizar un cambio a mejor. Durante años, los fabricantes han achacado a los consumidores (erróneamente) la escasa demanda de coches no contaminantes. Sin embargo, ahora que las normativas europea, china y estadounidense obligan a los fabricantes de automóviles a producir y vender coches eléctricos y no de combustión, se evidencia quién era el verdadero responsable.
La regulación es necesaria también para las cadenas de suministro. Un ejemplo de ello es el nuevo reglamento europeo relativo a las baterías. Esta legislación no sólo incentivará la producción poco contaminante de baterías y exigirá el reciclaje de metales y minerales de gran importancia, sino que permitirá garantizar que los metales necesarios para la fabricación de baterías se obtienen de forma responsable, exigiendo la diligencia debida a lo largo de la cadena de suministro y en todas las relaciones comerciales.
Dado que en los próximos años entrarán en funcionamiento decenas de fábricas de baterías en Europa (y otras muchas en todo el mundo), es crucial garantizar dicha diligencia debida. El problema es que algunos gobiernos no quieren que esta normativa se aplique hasta muy entrada la década. Si se salen con la suya, será demasiado tarde.
En materia de derechos humanos y medioambiente, necesitamos una reglamentación similar para todos los materiales, incluidos los combustibles fósiles, con miras a garantizar que las empresas respetan en todas sus operaciones los derechos humanos y las normas medioambientales más estrictas.
La autoridad reguladora europea ha prometido hacer justamente esto, a través de una nueva ley relativa a las cadenas de suministro empresariales. Pero la propuesta, que se retrasó dos veces, ahora ha aceptado la solicitud de los grupos de presión de la industria de excluir a las empresas que emplean a menos de 250 personas. Así, muchas empresas extractivas, incluidos los proyectos de exploración-, tendrían las manos libres para seguir operando como siempre.
El abastecimiento responsable y sostenible de los materiales está en la base de la transición energética. Y la transición debe ser justa para las comunidades afectadas y para las personas que trabajan en las minas, sin olvidar la producción en las fábricas y la recuperación de los minerales tóxicos al final de la vida útil de los productos.
El paso de los combustibles fósiles a los vehículos limpios impulsados por baterías es ya imparable. Podemos poner fin a las prácticas mineras nocivas. Los políticos tienen las herramientas necesarias para hacer realidad el cambio. Nuestros líderes deben jugar bien sus cartas, en lo referido tanto a la legislación sobre baterías como a las nuevas propuestas sobre las cadenas de suministro empresariales.
Por Mark Dummett, responsable de Empresas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional, y Julia Poliscanova, directora general sénior de Vehículos y Movilidad Eléctrica en Transport & Environment(Federación Europea delTransportey el Medio Ambiente).
Este artículo apareció por primera vez en El Periódico de la Energía.
